Al menos tres organizaciones de la sociedad civil manifestaron que sería inaceptable que los diputados que regresaron derrotados al Congreso local, pretendan poner un fiscal anticorrupción “a modo”, por lo que exigirán que dejen el tema a la próxima legislatura, además de que exigirán al gobernador, Marco Antonio Mena, austeridad y una agenda de transición de régimen en el ámbito local.
En este sentido, manifestaron que tras el triunfo de Morena el pasado 1 de julio, no es necesario esperar a que entre el nuevo gobierno para exigir que la actual legislatura se ponga a trabajar y que los próximos legisladores escuchen planteamientos ciudadanos para la definición de una agenda ambiciosa y de transformación del actual régimen.
Se trata de las organizaciones: Movimiento Regeneración Juvenil (Morejuv), Versus Corrupción y el Consejo Agrario Permanente (CAP), quienes presentaron un decálogo para contribuir de manera democrática al nuevo régimen
Como primer punto, solicitaron la eliminación del Fuero para todos los servidores públicos del Estado de Tlaxcala, iniciando por el gobernador, magistrados y diputados, toda vez que como segundo punto propusieron que el gobernador tenga una remuneración no mayor al 80 por ciento del ingreso del próximo presidente de la República y se establezca de manera clara en la Constitución Local que ningún servidor público podrá ganar más que éste.
El tercer punto propone reducir en un 80 por ciento el presupuesto del Despacho del Gobernador, que actualmente es de más de 90 millones de pesos, e incluye el pago de asesores, secretarias y gastos de la casa de gobierno.
En cuarto punto se ubica cancelar vehículos y escoltas a ex gobernadores, secretario de gobierno y el procurador de justicia del estado, seguido del quinto punto que implica modificar la Ley Municipal; la Ley de Fiscalización; y el Código Penal todos del estado de Tlaxcala, para tipificar como delito grave la comisión de actos de corrupción sin derecho a fianza ni ningún beneficio de ley.
En sexto punto se encuentra: concluir el proceso de construcción y diseño del Sistema Estatal Anticorrupción, a partir de principios de cero tolerancia a la impunidad, obligatoriedad de los servidores públicos para hacer público su patrimonio y el progreso de éste en tanto dure su encargo público.
El séptimo punto es prohibir la atribución autoconferida por los diputados para entregar apoyos, gestiones y cualquier tipo de recurso económico o en especie a la sociedad, pues este concepto equivale al Ramo 23 del presupuesto federal y “sólo ha sido utilizado como ingreso adicional de los diputados y para cometer actos de corrupción”.
En octavo punto, propusieron ampliar las atribuciones de fiscalización de los diputados sobre los recursos y actuación de los funcionarios municipales y estatales, sin que medie autorización del gobernador o presidentes municipales.
En noveno punto, plantearon generar un Congreso digital y abierto y finalmente solicitaron una Auditoria externa, profunda e independiente de la remodelación de la sede del Congreso del Estado.
Enfoque Noticias TLX 