A casi dos meses los más afectados son los ciudadanos, inconformes sin fundamentos sólidos.
Integrantes del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, sostuvo que tras el cierre de la alcaldía de Ixtenco, es injusto que la síndico procurador, Lucía Rojas González, respaldada por un grupo, que consideraron minoritario, afecte los servicios que a diario requieren cientos de pobladores.
Agustín Ranchero Márquez, integrante de esta agrupación, señaló que es lamentable que intereses «personales» de la representante legal de la comuna sea el principal motivo para mantener cerradas las instalaciones de la presidencia municipal.
Por lo anterior, dicho frente entregó este jueves un oficio al diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, José Martín Rivera Barrios, para solicitar su pronta intervención al conflicto que priva en Ixtenco.
Y es que argumentaron que este movimiento afecta directamente a la ciudadanía, misma que no puede tramitar servicios como; actas de nacimiento, predial, tesorería y demás.
Agregaron que este movimiento lo único que ha provocado es obstaculizar el adecuado desarrollo del municipio.
En este sentido, consideró que lo único que se puede percibir con el cierre de la presidencia municipal, es la «necedad» de la síndico, que al no ser complacida en sus peticiones tomó el inmueble, sin importarle que afectara a cientos de ciudadanos.
Es por ello que consideró que esta acción viola los derechos humanos de las personas, quienes todos los días demandan servicios.
También se pronunciaron en contra de cualquier negociación que vaya en contra de la democracia, pero sobre todo que no accedan a chantajes por parte de quien busca intereses propios.
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