El anuncio sobre la posible inclusión de Miguel Ángel Sánchez Ramírez en la terna para la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha generado serias preocupaciones en profesionales del derecho y ciudadanos, quienes cuestionaron la ética y transparencia en los nombramientos judiciales.
Los quejosos consideraron que su gestión fue fallida al frente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donde señalaron que sus resultados han sido prácticamente nulos, en donde podría aprovechar su cercanía con la gobernadora, lo cual podría representar una ventaja injustificada.
En este sentido, los inconformes indicaron que la elección de un candidato con antecedentes cuestionables no solo pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
De tal manera que manifestaron que es imperativo que el Congreso local examine con rigor la trayectoria de los aspirantes y priorice la integridad y la transparencia en este proceso.
Y es que agregaron que la judicialización de la política, especialmente en lo que respecta a la selección de jueces, debería basarse en méritos y un historial intachable.
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